Se realiza una crítica al proyecto hegemónico del Estado monoétnico cuyos contenidos democráticos se fundamentan en la exclusión histórica de la población indígena, de su legitimación como actores políticos y de su papel activo en la formación de la nación. La crítica se elabora en base a una revisión histórica de los contenidos políticos del Estado-nación, desde la época colonial hasta el presente siglo.

Se propone como alternativa la redefinición de la democracia en el marco de un Estado multiétnico, basado en el reconocimiento de la nación pluriétnica y socioculturalmente definida, y de los derechos y libertades individuales y colectivas de la población en su conjunto.

La permanencia de un orden político con estas características, depende de un "consensus" que nace de su propio mito o mitos constitutivos, desde los cuales avala su propuesta de pacto social -implícito en la forma de Estado-, fundamentado en una recreación del orden colonial constituido por el surgimiento de pueblos testimonio, los conquistados, y pueblos transplantados, los conquistadores. Pacto social que dio origen al Estado monoétnico y que excluyó a la población nativa y se articuló sobre la represión hacia las nuevas clases subalternas, cuturalmente asimilidas y apartadas del proyecto de Estado y de su participación en lo nacional-estatal.

Por tanto, "una opción estratégica que recoja la necesidad de un Estado democrático de contenido multiétnico no sólo debe demandar la igualdad jurídica que reconozca los derechos políticos de los hasta hoy conquistados. Una propuesta de esta índole implica un cuestionamiento global de los mecanismos de dominación política que han determinado, previamente, la segregación y la marginación de etnias y pueblos considerados como diferentes… que no han participado de la construcción de lo nacional-estatal, salvo para dejar constancia a la élite dominante, de que su exclusión ha venido determinada de forma natural por su condición de inferioridad…"

Los mitos, que en su formulación unifican la dimensión práctica de la política, deben negar un pasado histórico inmediato, previo a su reconstrucción. Así, los pueblos indígenas, difereniciados étnica y racionalmente, pasaban a formar parte de un nuevo orden de cosas, en el cual no tenían pasado, quedando su presente a la direccionalidad que imponía el estado colonial. No sólo se negó su pasado, sino que se introdujo la diferenciación étnico racial para que atestiguara la superioridad de la raza blanca y asumiera, en la negación misma de su identidad, la superioridad del conquistador. El mito se desarrolló en las descripciones epopéyicas con que los relatores detallaban los encuentros con los mapuches, incas, aymaras, aztecas, etc. relatos que daban razón para justificar el mito de la fuerza, el valor y la grandeza de los aborígenes, mostrando su primitiva querencia a la muerte y a la irracionalidad. Los conquistadores eran "seres libertadores" de pueblos sometidos a la obscuridad, símbolos de justicia forjadores del imperio que abrían paso a la civilización "redentora". Los conquistados estarían ubicados en el último peldaño y por encima de ellos quedarían los mestizos, zambos, mulatos e, incluso, los esclavos. La parte alta de la pirámide social estaría representada por los blancos, tanto peninsulares como criollos, quienes argüían la diferencia de color como justificación más inmediata de su poder. Todo el quehacer de los tres siglos de colonia se presentó bajo la dualidad étnico-racial.

Este mito constitutivo de poder político fue impuesto violentamente a los pueblos y etnias conquistadas, obligándolos a acatar su nueva realidad, so pena de sufrir los castigos en cuanto volviesen a manifestar "públicamente" sus primitivas creencias, símbolos y formas culturales que los seguían identificando como los "otros". Después de tres siglos de historia colonial, el mito originario sirvió como base para la construcción de una nueva forma de estado de contenido monoétnico. La nación que surgía "no podía ser otra cosa que la extensión misma del Estado en una sociedad civil desarticulada y sin identidad".

El Estado monoétnico que se asienta en América Latina no fue integrador, ni cultural ni políticamente. La élite política construyó toda una concepción de clases subalternas, tendientes a deslegitimarlas como actores políticos, asignándoles un papel secundario y negando su papel en la formación de la nación. Esta actitud respondía a una idea de Estado unitario y centralizado que impidiera el acceso de clases y sectores sociales poco o nada capacitados, según la oligarquía, para el ejercicio del poder. Así, la oligarquía dualizó su proyecto de Estado monoétnico incorporando como factor la inhabilitación de los sectores populares en la construcción de la nación. Como dice Zavaleta: "La casta oligárquica, en su inmenso atraso, no era capaz de diferenciar entre una ideología de emisión o ideología hegemónica, porque no proyectaba reducir a los indios, sino exterminarlos… de ahí la transparencia de la consigna darwinista", consigna que se caracterizaría por la representación de un argumento perverso consistente en presentar las reivindicaciones de los pueblos y etnias indígenas como contrapoder del Estado, cuya pretensión era acabar con la civilización occidental y el progreso.

La propuesta de Estado monoétnico en América Latina: un tipo de poder político centralista y excluyente, incluso, de la participación de las clases populares y subalternas donde la democracia no tuvo opción de construirse, siendo negada explícitamente como forma del ejercicio del poder.

Sin embargo, las élites hegemónicas de los nacionalismos populistas mostraron sus límites cuando se trató de plantear la solución a las demandas realizadas por los pueblos y etnias indígenas. Su política hacia el problema indígena tendió a desenvolverse dentro de la propuesta de nación, proponiendo a los pueblos pasar a formar parte constitutiva de esta nación. Fue una propuesta de asimilación cuya lógica consistió en considerar lo propiamente indígena como expresión de un pasado ahora heróico, pero que debía disolverse en cuanto su lógica se recuperara en la constitución homogénea de la identidad nacional. Era la nación la portadora de lo indio y no el indio forjador de una identidad. La nación pasaba a expresar la identidad de todos los hombres y mujeres, ciudadanos, que se reconocían mutuamente como parte de la patria. Fue el inicio de las políticas indigenistas que, como los señala Marie Chantal, "no ponían en tela de juicio las estructuras de la sociedad, pero de todas formas contribuyó a que se tomara conciencia del problema indio y a mitigar algunos abusos". Políticas indigenistas que se levantaron como el mayor símbolo de unidad nacional lograda, en los que el indio no era ya considerado étnica culturalmente diferente, sino como un ciudadano más, que lo convertía de la noche a la mañana como parte de la nación. Es decir, "dejaban de ser mapuches, aymaras, quechuas, mayas, etc. para ser ahora flamantes chilenos, peruanos, bolivianos, mexicanos, etc.".

Las teorías dualistas de la modernización y cambio social presentaron la unidad del capital como una transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, reinterpretando la diversidad y persistencia de los pueblos y etnias indígenas como la causa central para explicar el porqué del atraso y el subdesarrollo. "La nación se hizo carne en el propio desarrollo del capitalismo y pasó a ser el instrumento de "nacionalización" que en nuestros países suponía destruir étnicamente lo indio. Ahora el indígena, considerado ciudadano, concurría al mercado como sujeto portador de valores de cambio y, por tanto, como expresión en sí de una racionalidad externa que ahora lo define y reubica internamente en el unitario proceso de producción y construcción del mercado nacional".

La democracia del Estado monoétnico no es más que una técnica limitada a favorecer una parcelación administrativa que no reconoce la pluralidad de manifestaciones y propuestas de ordenamiento democrático. Así, se llega a una construcción de lo propiamente democrático como parte de la centralización del poder , donde no es posible la participación, negociación y mediación a la hora de favorecer una división social, cultural, económica y política de la democracia. Quedan como contenidos valorativos de la democracia aquellos que favorecen, exclusivamente, su centralidad, es decir, la represión y representación. En América Latina, ha sido éste el principio regulador que ha limitado los contenidos democráticos y direccionado la construcción del poder político por parte de la etnia dominante, pudiéndose realizar un resumen de dichos contenidos en todas las formas políticas que asumió el Estado monoétnico: el régimen oligárquico (niega la propia viabilidad de la representación democrática); los regímenes nacional populistas (el Estado condensa los valores nacionales); los regímenes desarrollistas (definen la democracia como un factor de la construcción del mercado y del desarrollo capitalista); y los nuevos regímenes neoliberales (presentan la democracia como la necesidad de centralización del poder a fin de permitir la gobernabilidad, única función reguladora del hecho democrático).

Como lo señala Díaz Polanco: "la nación deviene de un sistema basado en la centralización y la exclusión, que cierran toda posibilidad de participación libre en los asuntos locales, regionales o nacionales a grupos de población que mantienen identidades diferenciadas…" La viabilidad de un estado multiétnico se convierte en una opción de contrapoder que debe constituirse como acción superadora.

Los fundamentos de la democracia en el Estado multiétnico presuponen al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos y libertades individuales y colectivas, el evitar la homogeneización de su valor político a sus aspectos más estructurales, también descalificados por el actual Estado monoétnico en América Latina. Los contenidos democráticos son no sólo adjetivaciones sustantivas, sino auténtico poder. Es decir, donde los mecanismos de mediación, participación, negociación, representación y coacción son una expresión única y no dividida de la democracia.

El Estado multiétnico es dinamizador de lo nacional popular y estatal, que quiebra la lógica homogeneizante y redefine el sentido de lo democrático hacia un contínuum que impediría su fosilización en un marco meramente jurídico-constitucional. El desarrollo del Estado multiétnico estaría legitimado no sólo por el reconocimiento formal del hecho democrático, sino por ser articulador de democracia, asumiendo la necesidad de distribución del poder en nivel local y regional en función de lo plural y lo diverso, y no de lo homogéneo y unitario. Se plantea objetivamente la necesidad de aparición de un nuevo sujeto político y social que recupere y tenga capacidad para articular internamente la propuesta de Estado multiétnico. Es éste un sujeto real e históricamente posible en cuanto se haya contenido en la realidad de América Latina. Es y debe ser en la lucha cotidiana por el desarrollo efectivo de la democracia en los actuales estados de la región desde donde se pueden visualizar los futuros actores capaces de formalizar su ethos y recuperar, en el presente, la proyección estratégica de una auténtica identidad nacional. Es, pues, desde el contrapoder y desde la utopía desde donde surge este proyecto.