Indica que el núcleo de la identidad estriba en la cualidad que posee la cultura, el orden simbólico, como productor de sociedades humanas diferenciadas. Que existe un proceso de subjetivación por el cual los grupos vienen a reconocerse en su lengua, acervo antropológico, prácticas productivas, tradiciones e historia, instituciones y reglas de sociedad, mitos, es decir se identifican en sus universos simbólicos, en los rasgos opositivos que los distinguen. En este sentido, manifiesta que los indígenas reivindican un estatuto reconocido para su cultura, que sus movilizaciones han señalado a los grupos dominados de nuestra sociedad que la vía estratégica y alternativa para ellos es lograr su constitución plena como "sujetos" para sí mismos y frente a otros grupos sociales; que el movimiento indígena, en el caso ecuatoriano, con las movilizaciones de 1990 y 1993, logró inscribir en la discursividad social, sus aspiraciones autónomas otorgándoles alcance nacional, evidenciado, además, las fallas de la institucionalidad social y del sistema de representación política, por su carácter excluyente y de negación de la diversidad.

Es el autoreconocimiento de las diferencias de grupo respecto a los atributos que caracterizan a los otros lo que hace de un grupo social un sujeto con identidad propia. En el contraste con el "otro", cada grupo percibe su propia especificidad y puede por lo tanto identificarse en su cultura, en su género, en su clase.

Un grupo puede estar ampliamente involucrado en procesos sociales, pero no es por ello que es "sujeto" y tampoco es de allí que extrae su identidad. Esta condición radica en los códigos de lenguaje y cultura que son los suyos y no remite, por lo tanto, a la existencia del grupo como conglomerado empírico, clase estadística, o dispositivo funcional de procesos sociales. Lo que es más, en cuanto sujetos de cultura, los grupos humanos ni siquiera preexisten a las investiduras simbólicas que lo constituyen como tal.

El núcleo del asunto estriba en la cualidad que posee el orden simbólico como productor de sociedades humanas diferenciadas, aspecto que lamentablemente escapa con frecuencia incluso a inteligencias que se quieren lúcidas.

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El alzamiento indígena es el punto de ruptura temporal y el hecho de interacción social que marca un antes y un después en la historia socio-política del fin del siglo ecuatoriana. Sus movilizaciones han señalado a los grupos dominados de nuestra sociedad que la vía estratégica y alternativa para ellos es lograr su constitución plena como "sujetos" para sí mismos y frente a otros grupos sociales: sólo así lograrán conferirle estatuto de demandas públicas a sus relegadas aspiraciones.
El levantamiento de 1990 y las acciones de 1992, mostraron al país los límites de su frágil institucionalidad y las fallas de su sistema de representación política, que hasta hoy ha operado sobre la base de exclusión de las diferencias, y negación de la diversidad. La representatividad política del modelo partidista y electoral vigente es una de las más candentes interrogaciones que ha levantado el movimiento indio.

Recordemos que en el curso de su desarrollo clásico, la democracia liberal occidental adoptó al sujeto-individuo-ciudadano como figura y eje su funcionamiento. El cuerpo de derechos y leyes reguladoras de la democracia liberal se destinó a preservar la esfera de lo individual por sobre lo público, social o estatal. Las mediaciones políticas formales (partidos, elecciones, parlamento) con que el sistema se dotó, correspondieron perfectamente a esta figura.

En nuestro medio parecería ser que las identidades moldeadas por los nexos de pertenencia a grupos y familias extendidas priman sobre aquellas que suponen sujetos individuales. En estas circunstancias, una democracia que invita a la participación formal de los individuos, asumidos como "Ciudadanos de la República", no está sociológicamente bien situada.